Durante el cónclave con Macri, el ministro de Justicia hizo un balance sobre su viaje a Washington, donde se encontró con su colega Jeff Sessions, que le anunció la decisión de Donald Trump de colaborar con la investigación de la causa Odebrecht. Sessions no hizo un discurso de ocasión cuando recibió a Garavano en sus oficinas de Pensilvania Avenue: antes de regresar a Buenos Aires, el ministro argentino ya sabía que ciertas pruebas contra Ricardo Jaime ya estaban siendo enviadas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Esta cláusula transitoria tiene fundamentos políticos y judiciales. Respecto a los argumentos políticos, en el Gobierno se teme que Gils Carbó funcione como una aduana respecto a la información clasificada que pueda ser remitida desde Brasil y Estados Unidos. Gils Carbó tiene muchísima cercanía con Cristina Fernández, y esa lealtad puede conspirar con el rápido acceso de evidencias que complicarían la performance electoral del Frente para la Victoria.
Y en cuanto al fundamento judicial, la decisión de la cláusula transitoria apunta a acelerar la recopilación de pruebas en las tres causas abiertas por los pagos de coimas ejecutados por Odebrecht. Si la compañía brasileña colabora, y entrega los nombres, montos y demás circunstancias, los jueces y fiscales federales ya no dependerían únicamente de la evidencia recogida en la causa Lava Jato o de los expedientes secretos que se manejan en Washington.
Macri apuesta a “la cláusula Odebrecht” para avanzar en un escándalo de corrupción que se desarrolló durante la administración de Cristina. Y su intención es que coimeros y coimeados aparezcan publicados en todos los medios de comunicación. Por eso, el mensaje a la compañía brasileña no tiene eufemismos: si no colaboran con la justicia federal y devuelven los millones de dólares en sobreprecios, serán desterrados de la Argentina hasta nuevo aviso.
Fuente Infobae
